Se dispara el pago con tarjetas de subsidios en un mercado contraído por la pandemia

En marzo, el mismo mes en que se registraron los primeros casos de COVID-19 en

República Dominicana los consumidores dominicanos variaron su cotidianidad: redujeron sus gastos con tarjetas de crédito y vivieron más al día a día, mientras que el uso de las tarjetas de subsidios gubernamentales comenzó a repuntar.

Fueron las primeras señales de lo que venía. Los datos publicados por el Banco Central de República Dominicana sobre el uso de instrumentos de pagos por puntos de venta revelan un desplome en los niveles de consumo en el país.

En febrero, justo el mes previo antes de que el nuevo coronavirus llegara al país, se hicieron 14.93 millones de operaciones con tarjetas de débito y crédito. Dos meses después, el volumen de operaciones cayó hasta 5.94 millones, un desplome de 60.2 %.

Entre tanto, el uso a través de puntos de ventas de las tarjetas de subsidios entregadas por el gobierno dominicano se potenció. Mientras que en febrero, previo a la pandemia, se registraron 2.73 millones de operaciones con instrumentos como la Tarjeta Solidaridad y Quédate en Casa, pero en abril el uso se disparó hasta 4.57 millones de operaciones, una subida de 67.4 % en tan solo dos meses.

A partir del 19 de marzo, cuando la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia por el COVID-19, República Dominicana declaró la emergencia nacional y ordenó el cierre de las fronteras y el cese de actividades económicas no esenciales para evitar la propagación del coronavirus. La prohibición se mantuvo hasta el pasado 20 de mayo, cuando se inició la reactivación progresiva de la economía. Pero de mayo no hay datos disponibles aún.

La actividad económica en República Dominicana se contrajo -9.4 % en marzo, de acuerdo a los datos oficiales. El economista Miguel Ceara Hatton estimó esta semana en una conferencia virtual que en abril la caída habría sido similar a la de marzo.

Los datos de los pagos a través de puntos de ventas con tarjetas son un indicador de que al consumo le fue mal ese mes. Estas operaciones movieron 20,920 millones de pesos en abril, mientras que en marzo los pagos con tarjetas de débito, crédito y las de subsidios sumaron 27,283.5 millones de pesos, y en el mes previo unos 31,726 millones de pesos.

Esto indica que en dos meses los montos que se movieron a través de las operaciones con tarjetas se contrajo en 34 %, de acuerdo a los datos que maneja el Banco Central.

Otra señal de que la pandemia ha deprimido el consumo de bienes y servicios por parte de los consumidores es el dinero que se mueve a través de los cajeros automáticos. En febrero, el mes previo a la declaratoria de la pandemia, las recargas de efectivo a los cajeros por parte de los bancos sumaron 51,315 millones de pesos.

En marzo repuntaron hasta los 53,123 millones de pesos, pero en abril se redujeron hasta 35,275 millones de pesos, lo que implica que las personas hicieron menos retiros de efectivo a través de los cajeros automáticos. De acuerdo a los datos oficiales, la cantidad de billetes recargados a esos dispensadores se redujo en 33.6 % en abril con respecto al mes previo.

La menor cantidad de operaciones con tarjetas de débito y crédito, así como la fuerte caída en la recarga de dinero en efectivo de los cajeros son los síntomas de una desmejora de la actividad económica en abril de la que no se tienen aún cifras oficiales.

No obstante, los industriales han señalado que la baja en el volumen de sus ventas son una realidad. El índice con el que los manufactureros agremiados en la AIRD miden el dinamismo del nivel de sus ventas estaba en abril pasado en 25 puntos, mientras un año antes se situaba en 57.6. Cualquier puntaje por debajo de 50 de ese indicador se considera negativo.

A más de 800,000 trabajadores se les han suspendido los contratos por la crisis que ha generado el confinamiento. El gobierno ha repartido subsidios a los trabajadores afectados por las suspensiones y también a aquellos que laboran en empresas impactadas por la recesión, así como a los trabajadores informales y población de mayor riesgo de exclusión, como un mecanismo de asistencia social que, a la vez, intenta evitar que el retroceso del consumo impacte en menor medida a la economía.