Al menos 22 países han aprobado se realice elecciones dominicanas en su territorio

Unos 22 países ya han  aprobado que la Junta Central Electoral JCE organice en su

territorio las elecciones presidenciales y congresuales del próximo  5 de julio, para que los dominicanos radicados en esas naciones puedan ejercer el derecho al voto, según un informe del Ministerio de Relaciones Exteriores.

De acuerdo con el informe emitido por el ministerio de Relaciones Exteriores a la Junta Central electoral, entre los países que permitirán los sufragios dominicanos están  Alemania, Antigua y Barbuda, Argentina, Aruba, Australia, Bélgica, Costa Rica, Curazao, Estados Unidos, España, Boston, Maryland, Miami, Lynn, Nueva York y New Jersey.

También figuran en el listado de las naciones que dieron luz verde para que se celebren las elecciones dominicanas en su territorio, la ciudad de  Providence, Grecia, Guyana Francesa, Nicaragua, Puerto Rico y Suiza.

Mientras que  las naciones que no han dado la anuencia para que se lleven a cabo los comicios del próximo 5 de julio, debido a las restricciones por el coronavirus, están Canadá, Chile, Ecuador, Pennsylvania, Washington, Italia, Luxemburgo y Reino Unido.

En tanto, que los Estados y ciudades que aún no han emitida opinión, ni respuesta  a las solicitudes del Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Junta Central Electoral (JCE), figuran Holanda, Panamá y San Marteen.

Vargas Maldonado explicó que la institución contó para esos aprestos con la colaboración  de las embajadas, consulados y viceministros dominicanos establecidos en diferentes naciones del exterior.

Los dominicanos que residen en el extranjero superan los 2.3 millones. La Junta Central Electoral (JCE) reporta que, para las próximas elecciones  están inscritos en el padrón 595,879 votantes en el exterior, para el 7.9 % del padrón general, que asciende a 7, 529,932 personas.

Desde las elecciones presidenciales del 16 de mayo del 2004, la República Dominicana se sumó a los países que permiten a sus ciudadanos ejercer el sufragio en el lugar donde residan en el exterior.

La normativa, además de garantizar el derecho del sufragio a los criollos que han emigrado del país, constituye un acto de reconocimiento al aporte que éstos hacen para el sostenimiento económico de la nación.